El proyecto de Ley sobre la economía circular y la lucha contra el desperdicio ha entrado en la Asamblea Nacional tras un controvertido debate en el Senado.
El texto de la ley de economía circular (LEC, por sus siglas en español) promulgado por Brune Poirson, Secretaria de Estado del Ministerio francés de Transición Ecológica, salió considerablemente fortalecido de su paso por el Senado. Representantes de administraciones locales, gestores de residuos y, en última instancia, senadores, han modificado en gran medida el texto que ha pasado de 13 a 77 artículos y subpuntos.
La Secretaria de Estado, Brune Poirson, intentará reintroducir el depósito para reciclar envases de bebidas, suprimido por los senadores a favor de un depósito de reutilización. Una cuestión controvertida en el vecino país que resta visibilidad a los avances significativos contenidos en el texto. Uno de ellos es la mejora de la información al consumidor sobre el producto que prevé adquirir. Para luchar contra la obsolescencia programada de los productos, el embalaje deberá proporcionar información sobre el índice de reparabilidad a partir de 2021, y con posterioridad, para 2024, un índice de durabilidad. Para los aparatos electrodomésticos y algunos productos electrónicos, un contador de uso.
El gesto de triaje esperado también debe indicarse mediante el logotipo de Triman, si el producto es susceptible de clasificar separadamente (y no sólo si es susceptible de reciclarse). Deberá abandonarse el punto verde (dos flechas verdes y blancas que indican el pago por la prestación de un servicio que la empresa envasadora adherida realiza a un éco-organismo como Eco-embalajes para el reciclaje de los envases y así dar cumplimiento a la legislación), una fuente de confusión para el consumidor.
El proyecto de ley también prevé reforzar el objetivo de reducción de los residuos producidos: 15%, en volumen, entre 2020 y 2030. Alrededor del 5% en peso de los residuos domésticos tendrán que reutilizarse. Los senadores abordaron los plásticos desechables, llegando incluso a prohibir la distribución gratuita de botellas de plásticos en instalaciones públicas y locales comerciales. En los comercios y tiendas, los consumidores pueden servir productos a granel, en un recipiente “visiblemente limpio y adaptado” (a criterio del comerciante).
En el ámbito del derroche, el texto del proyecto de Ley refuerza y complementa la ley Garot que prohíbe la destrucción de alimentos no vendidos extendiéndola a productos no alimenticios. Así, los productos electrónicos, los artículos devueltos o devueltos de la venta por internet, las prendas textiles y otros stocks no vendidos ya no podrán ser destruidos, sino que tendrán que ser dados, reutilizados o reciclados. Aunque no se impide que los comerciantes a través de una red internacional exporten estos productos no perecederos a otro sitio.
Se fortalecen la gobernanza y la transparencia de los esquemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP). En las 14 familias de productos principales el fin de vida es gestionado o financiado por sus productores, se agregan seis nuevos: juguetes, toallitas (extendidas a pañales), cigarrillos, artículos deportivos y de ocio, productos de bricolaje y jardinería, y gomas de mascar. Se podrían añadir materiales de construcción si los objetivos para reducir los depósitos ilegales y recoger los residuos clasificados no se cumplen para 2022. Además, “durante los trabajos de demolición o de rehabilitación significativa de edificios, les responsalbe de la obra debe realizar un diagnóstico relacionado con la gestión de los productos, materiales y residuos resultantes de estos trabajos. Este diagnóstico proporciona la información necesaria sobre productos, materiales y residuos en orden a su reutilización, como prioridad, o cuando ésta no sea posible, a su valorización”, recoge el texto. Los eco-organismos (los scrab tal y como se conocen en España) tendrán que publicar los datos sobre su desempeño y serán sancionados en caso de incumplimiento de sus objetivos.
Se recomienda utilizar materiales reciclados en todos los segmentos. “Para conseguir los objetivos de reciclaje establecidos por la ley (objeto de esta noticia) o el derecho de la Unión Europea y para apoyar los flujos de reciclaje material, la comercialización de ciertos productos y materiales puede estar sujeta al desempeño de un porcentaje mínimo de incorporación de material reciclado, a excepción de los materiales derivados de las materias primas renovables, siempre que el equilibrio medioambiental general de esta obligación de incorporar un porcentaje de reciclaje mínimo sea positivo”, especifica el artículo 7 del proyecto de ley.
En términos más generales, el ecodiseño de los productos es recompensado por un sistema de bonus-malus y sancionado cuando se ignora. Los productos que dependen de un esquema de RAP tendrán su contribución ecológica modulada “en función de criterios de mejorar ambiental, entre los que se incluyen la cantidad de material utilizado, la incorporación de material reciclado, el uso de recursos renovables, la durabilidad, la compostabilidad, la reparabilidad, las posibilidades de reutilización, la reciclabilidad, la ausencia de ecotoxicidad y de sustancias peligrosas”. El texto va más allá, ya que requiere que todos los productores e importadores de productos cuyas ventas superen las 10.000 unidades o que generen más de 10 millones de euros en facturación se integren en un esquema de reciclaje o revisen el diseño de éstos productos. Por defecto, estarán sometidos a los esquemas de responsabilidad ampliada de productor.
El proyecto de Ley, actualmente a disposición de la Asamblea Nacional, será examinado, en esencia, por la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planificación Territorial y para el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos.
